Ciudad de México, 18 de agosto.- Una empresa de fumigación agrícola de Medellín de Bravo denunció penalmente a un fiscal federal y tres agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), a quienes responsabiliza de un presunto aseguramiento ilegal que mantiene fuera de operación seis helicópteros, una aeronave, una aeropista y las instalaciones de la compañía.
La defensa de Agrogema Agro afirma que la intervención ocurrió en enero pasado y que, ocho meses después, la autoridad federal no ha definido qué papel tiene la empresa dentro de la investigación, pese a que sus bienes continúan asegurados.
El abogado Jorge Reyes Peralta dio a conocer que se presentaron dos denuncias ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y el Órgano Interno de Control de la FGR por los presuntos delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia.
Los funcionarios señalados son el fiscal federal en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, y los agentes del Ministerio Público Carlos Manuel Pérez Solís, Andrea Jahel González Castillo y Virginia Cecilia Blanco Hernández.
De acuerdo con la denuncia, los servidores públicos habrían encabezado en enero el aseguramiento de aeronaves, vehículos y otros bienes propiedad de la compañía, además de que la intervención fue difundida públicamente.
La empresa sostiene que desarrolla legalmente actividades de fumigación aérea agrícola y cuenta con los permisos correspondientes. Sus operaciones tienen como base el “Helipuerto Ing. David Torres”, localizado en la comunidad Lomas del Porvenir, en Medellín de Bravo.
Según la representación legal, el aseguramiento ha generado un daño económico superior a 40 millones de pesos, debido a que los equipos e instalaciones permanecen fuera de operación.
La empresa también promovió un juicio de amparo indirecto para combatir el aseguramiento. El abogado denunció, además, que el fiscal federal señalado habría presionado y amenazado a la jueza que conoce del caso, acusación que tendrá que ser investigada y acreditada por las instancias correspondientes.
Otro de los reclamos de la compañía es que la FGR no le habría reconocido a ella ni a sus representantes legales el carácter de parte dentro de la carpeta de investigación, lo que, según su defensa, les impide acceder plenamente a las actuaciones y preparar una defensa adecuada.
Ante esta situación, Agrogema Agro solicitó que los órganos de control de la FGR investiguen las actuaciones de los funcionarios señalados y determinen si incurrieron en alguna responsabilidad.
Mientras tanto, la compañía asegura que el aseguramiento de sus aeronaves, instalaciones y demás bienes continúa provocándole pérdidas millonarias.
Los señalamientos forman parte de las denuncias presentadas por la empresa y deberán ser investigados por las autoridades competentes para determinar si existieron conductas ilegales y las posibles responsabilidades.
