La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este viernes 30 de octubre la detención de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont en Miami, Florida, Estados Unidos, luego de permanecer prófuga de la justicia mexicana desde 2021.
A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la dependencia informó que el aseguramiento fue resultado de un intercambio de información con el Gobierno estadounidense.
La Fiscalía precisó que Gómez Mont cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
“Derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés ‘N’”, informó la institución, que adelantó que proporcionará más detalles sobre el caso.
La detención representa un nuevo giro en la situación jurídica de la expresentadora, quien junto con su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, era investigada por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las investigaciones de la FGR están relacionadas con una presunta estructura de empresas que habría sido utilizada para desviar recursos federales mediante operaciones simuladas y contratos públicos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con las investigaciones, el monto involucrado rondaría los 2 mil 950 millones de pesos. Ambos han rechazado las acusaciones y su responsabilidad penal deberá determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
La captura ocurre poco más de un mes después de que se reportara la cancelación de las fichas rojas de Interpol contra Gómez Mont y Álvarez Puga, decisión que no dejó sin efecto las órdenes de aprehensión vigentes en territorio mexicano.
Por ahora, la FGR no ha detallado las circunstancias específicas del aseguramiento, el procedimiento que seguirá en Estados Unidos ni los tiempos de un eventual traslado o extradición a México.
La situación jurídica de la exconductora dependerá de las actuaciones de las autoridades de ambos países y de los procedimientos legales correspondientes.
Con información de La Razón, Milenio y El País.
