Xalapa, Ver.- La consulta pública abierta por el Gobierno de México para definir los nuevos lineamientos en materia de protección de los derechos de las audiencias abrió un debate entre autoridades, concesionarios, legisladores y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La propuesta, elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), establece nuevas obligaciones para los concesionarios de radio y televisión, entre ellas la designación de una persona defensora de las audiencias, la emisión de un código de ética y la atención de quejas ciudadanas en un plazo máximo de 20 días.
Además, plantea que los medios distingan claramente entre información, opinión y publicidad, eviten difundir contenidos falsos o descontextualizados y adopten medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva.
En caso de incumplimiento, la CRT podría imponer sanciones conforme al marco legal vigente.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que estas disposiciones representen un mecanismo de censura y sostuvo que se trata de un esquema de autorregulación.
«No tiene nada que ver con la censura, es el derecho de las audiencias», afirmó la mandataria, quien explicó que cada medio elaborará su propio código de ética y nombrará a su defensor de audiencias.
Precisó además que los lineamientos únicamente aplican a concesionarios de radio y televisión, por lo que medios impresos, portales informativos y plataformas digitales no forman parte de esta regulación.
La consulta pública permanecerá abierta del 27 de julio al 21 de agosto para recibir observaciones y propuestas de los distintos sectores.
CIRT respalda consulta, pero advierte riesgos
La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) manifestó que comparte el objetivo de fortalecer los derechos de las audiencias y reconoció que la propuesta no constituye un mecanismo de censura; sin embargo, expresó preocupación por diversos aspectos del proyecto.
En un posicionamiento, el organismo señaló que algunos conceptos son ambiguos y podrían dar margen a interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad.
También cuestionó las sanciones contempladas, al considerar que las multas propuestas resultarían superiores a las previstas actualmente por la legislación, además de advertir que el recurso mediante el cual la autoridad podría revisar las resoluciones de los defensores de las audiencias genera inquietudes respecto a la autonomía de ese mecanismo.
La CIRT informó que trabajará con sus más de mil 200 estaciones afiliadas para presentar una postura conjunta durante el periodo de consulta pública.
Oposición y organizaciones expresan preocupación
Tras darse a conocer la propuesta, legisladores de oposición y organizaciones civiles expresaron reservas sobre los alcances de los nuevos lineamientos.
El senador del PAN, Marko Cortés, afirmó que la iniciativa podría abrir la puerta a un mayor control gubernamental sobre los contenidos informativos.
Por su parte, el director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, sostuvo que la protección de los derechos de las audiencias no debe convertirse en un mecanismo para determinar la veracidad de la información ni limitar la libertad de expresión.
El especialista añadió que cualquier regulación en materia de contenidos y plataformas digitales requiere un análisis amplio debido a la complejidad del ecosistema de comunicación actual.
La discusión continuará durante el periodo de consulta pública, en el que autoridades, concesionarios, especialistas y ciudadanía podrán presentar observaciones antes de que la CRT emita la versión definitiva de los lineamientos.
Con información de Reforma y La Jornada.
