Cancelar un plan de telefonía móvil podría dejar de representar un gasto adicional para millones de usuarios si prospera una iniciativa presentada por el senador de Morena, Aníbal Ostoa Ortega, quien propone eliminar las penalizaciones por terminar anticipadamente los contratos que incluyen teléfonos financiados.
La propuesta pretende beneficiar a 24.8 millones de usuarios de planes de pospago en México y plantea que, al cancelar el servicio, las compañías solo puedan cobrar el saldo que todavía se adeude por el equipo adquirido a crédito, sin imponer multas por la terminación anticipada.
El senador presentó la iniciativa durante la sesión plenaria del 21 de octubre. El proyecto contempla modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y a la Ley Federal de Protección al Consumidor para reforzar la protección de los consumidores frente a condiciones contractuales que considera abusivas.
Otro de los puntos centrales es impedir que las compañías exijan fianzas, depósitos en garantía, garantías financieras u otros respaldos económicos como condición para contratar, mantener o renovar un servicio.
Ostoa Ortega señaló que los usuarios deben tener libertad para elegir otra empresa sin recibir penalizaciones económicas por cancelar su contrato. Aclaró que la eliminación de multas no significaría dejar de pagar el teléfono financiado, sino cubrir únicamente el monto que siga pendiente por el dispositivo.
“Estamos hablando de justicia para los usuarios, de libertad de elección y de poner un límite a prácticas abusivas”, afirmó el legislador al defender su propuesta.
La iniciativa también cuestiona que las empresas soliciten garantías económicas a sus clientes desde el inicio de la relación contractual, bajo condiciones que, según el senador, pueden afectar la equidad entre proveedores y consumidores.
El proyecto fue enviado a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos para su revisión y dictamen. La eliminación de estas penalizaciones todavía no está vigente y dependerá del proceso legislativo.
Con información de Senado de la República
