En medio del intercambio de declaraciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el embajador estadounidense Ronald Johnson pidió que la lucha contra el narcotráfico no se convierta en un tema de confrontación política y apostó por reforzar la cooperación bilateral contra los cárteles.
El mensaje fue difundido en redes sociales apenas un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum acusara a autoridades estadounidenses de intentar intervenir en asuntos internos del país y de influir indirectamente en la vida política mexicana.
Johnson sostuvo que ambos gobiernos enfrentan un problema común y que la prioridad debe centrarse en garantizar la seguridad de los ciudadanos de ambos lados de la frontera.
“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”, señaló el diplomático.
La controversia se produjo luego de que la mandataria federal defendiera públicamente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta una solicitud de extradición por parte de la justicia estadounidense junto con otros funcionarios y exfuncionarios estatales, bajo acusaciones relacionadas con presunta protección a integrantes de “Los Chapitos”.
Durante su intervención en el Monumento a la Revolución, Sheinbaum cuestionó los alcances de los procesos judiciales promovidos desde Estados Unidos y expresó preocupación por una posible influencia externa en decisiones políticas mexicanas.
Frente a ese escenario, el embajador estadounidense insistió en que la cooperación debe prevalecer sobre las diferencias políticas.
“La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles”, manifestó.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente debate sobre la colaboración bilateral en materia de seguridad y sobre el alcance de las acciones emprendidas por autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Con información de Reforma.
