El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, analiza la posibilidad de impulsar la producción de gas natural mediante técnicas de fractura hidráulica (fracking), con el objetivo de reducir la alta dependencia de importaciones provenientes de Estados Unidos, que actualmente representan alrededor del 75 por ciento del consumo nacional.
Durante su posicionamiento, la mandataria subrayó que la decisión deberá equilibrar la soberanía energética, el desarrollo económico y la protección ambiental, por lo que se conformará un comité científico integrado por especialistas en agua, geología, sustentabilidad y medio ambiente, cuyos resultados se darán a conocer en un plazo de dos meses.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, explicó que México consume aproximadamente 9 mil millones de pies cúbicos de gas natural, de los cuales solo 2 mil 300 millones son producidos por Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que el resto se importa, principalmente desde Texas.
El director de Pemex, Víctor Rodríguez, detalló que el país cuenta con importantes reservas tanto en yacimientos convencionales como no convencionales, destacando que estos últimos superan los 141 mil millones de pies cúbicos. Asimismo, proyectó que la producción nacional podría incrementarse significativamente hacia 2030 y en la próxima década.
No obstante, la posible adopción del fracking ha generado posturas encontradas. Mientras especialistas del sector energético consideran que esta técnica es viable para alcanzar mayor autosuficiencia, organizaciones ambientalistas advierten sobre sus impactos negativos.
Alma América Porres, ex comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sostuvo que el fracking representa la mejor alternativa para aprovechar los recursos no convencionales, siempre que se aplique con estricta regulación ambiental.
En contraste, organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking y CartoCrítica señalaron que esta técnica implica altos costos económicos y energéticos, además de riesgos ambientales, como el uso intensivo de agua y emisiones de metano, lo que cuestiona su viabilidad.
El debate se mantiene abierto, en un contexto donde el gobierno federal busca fortalecer la soberanía energética sin comprometer los objetivos ambientales de largo plazo.
