El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) necesitará un presupuesto cercano a los 13 mil millones de pesos para cumplir con el pago de jubilaciones y pensiones durante 2027, advirtieron representantes de sindicatos de trabajadores activos y organizaciones de jubilados.
Los dirigentes alertaron que, si el Instituto no cuenta con los recursos necesarios, podrían registrarse retrasos en los pagos y movilizaciones de los más de 38 mil pensionados que dependen de esta institución.
Raúl Augusto Maldonado Loeza, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado (STIPE), pidió al Congreso de Veracruz incrementar al menos en 400 millones de pesos el presupuesto del IPE para el próximo ejercicio fiscal.
El representante sindical sostuvo que el Gobierno del Estado y los diputados deben garantizar la seguridad social tanto de los pensionados como de los miles de trabajadores en activo que cotizan ante el Instituto.
Las organizaciones señalaron que existe preocupación por la posibilidad de que los recursos aprobados para 2027 sean insuficientes para cubrir las obligaciones del IPE.
Además, rechazaron cualquier intento de modificar el actual sistema solidario de pensiones para implementar un esquema de cuentas individuales.
Los representantes sindicales exigieron al gobierno de Rocío Nahle García mantener el sistema vigente y continuar como responsable solidario de las obligaciones del Instituto.
Sobre los recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), indicaron que éstos pueden destinarse al pago de las pensiones y recordaron que fueron canalizados al IPE durante la administración anterior.
Advirtieron que, en caso de no contar con esos recursos, el Gobierno del Estado tendría que aportar los fondos necesarios para garantizar que los pensionados reciban sus pagos en tiempo y forma.
Los dirigentes recordaron que el incumplimiento en el pago de pensiones ya provocó protestas durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, situación que derivó incluso en recomendaciones de organismos de derechos humanos.
Entre ellas mencionaron la recomendación 32/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la 16/2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, emitidas para evitar afectaciones a los derechos de jubilados y pensionados.
El pronunciamiento fue respaldado por el STIPE, la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de Veracruz, el STIRT y el Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores Municipales al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa, entre otras organizaciones.
