Xalapa, Ver., 11 de agosto de 2026.— El síndico de Lerdo de Tejada, Johard Alejandro Cruz Delfín, aseguró que teme por su vida y la de sus familiares luego de denunciar presuntas amenazas y actos de violencia institucional que atribuyó a la alcaldesa Flor María de Jesús Sosa Zamudio y a su hijo, Fabián Cárdenas Sosa.
En conferencia de prensa, el funcionario municipal afirmó que las presuntas agresiones y represalias se originaron después de que se negó a firmar contratos y documentos que, desde su perspectiva, carecen de sustento.
Como parte de las acciones que señaló como represalias, denunció que su salario fue reducido de manera arbitraria.
Acompañado por los diputados locales Elizabeth Morales García y Ramón Díaz Ávila, así como por el legislador federal Adrián González Naveda, Cruz Delfín sostuvo que no está en contra de las obras que realiza el Ayuntamiento, pero afirmó que como síndico tiene la responsabilidad de revisar que los recursos públicos se ejerzan de manera correcta.
“Respaldo esas acciones para que mi municipio salga adelante y se vea el cambio, para lo cual he estado trabajando institucionalmente para evitar cualquier confrontación con ellos; sin embargo, tuve que poner un límite”, señaló.
El funcionario dijo sentirse preocupado por su seguridad y responsabilizó públicamente al exalcalde y a la actual presidenta municipal de cualquier daño que pudiera sufrir él o algún integrante de su familia.
“Tengo miedo, preocupación por mí y por mi familia, y por todos los que me rodean, por mi vida”, manifestó.
Ante esta situación, hizo un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García, a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Noemí Santos, y a las autoridades estatales y federales para que atiendan su denuncia y adopten las medidas necesarias para garantizar su seguridad.
Cruz Delfín aseguró que los compromisos asumidos por la alcaldesa y su hijo ante el Congreso estatal no fueron cumplidos y sostuvo que su postura busca evitar un uso irregular de los recursos públicos.
Entre los gastos que pidió revisar mencionó un millón 300 mil pesos destinados a cursos para policías, al considerar que este concepto debe analizarse debido a que, según afirmó, la Secretaría de Seguridad Pública ofrece capacitación de este tipo sin costo.
El caso recibió el respaldo del diputado local petista Ramón Díaz Ávila, integrante de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, quien aseguró que dará seguimiento a la denuncia presentada por el síndico.
El legislador señaló que Adrián González Naveda también conoció el caso y se sumó al respaldo institucional a Cruz Delfín.
Díaz Ávila destacó que el síndico ha mantenido su postura pese a las presiones que, de acuerdo con su denuncia, ha recibido por parte de autoridades municipales.
