Xalapa, Ver.- El sistema de pensiones de Veracruz podría comenzar a requerir subsidios gubernamentales entre 2025 y 2030 para hacer frente a sus obligaciones financieras, advirtió el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, al señalar que diversos esquemas estatales enfrentan una creciente presión por el aumento de personas jubiladas y la disminución de trabajadores activos.
Durante un foro sobre seguridad social, el legislador sostuvo que varios sistemas pensionarios del país ya dependen de recursos extraordinarios para cubrir el pago de jubilaciones, mientras que otros comenzarán a necesitarlos en los próximos años.
Entre las entidades cuyos sistemas podrían requerir apoyos financieros en el periodo 2025-2030 mencionó a Campeche, Colima, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz.
Ramírez Cuéllar explicó que uno de los principales factores que generan esta presión es la reducción en la relación entre trabajadores en activo y pensionados, lo que provoca que las aportaciones de un menor número de empleados resulten insuficientes para financiar un número cada vez mayor de jubilaciones.
Los sistemas con la situación más crítica corresponden a Morelos, Coahuila (Magisterio), San Luis Potosí (Telesecundaria) y Sinaloa (Issstesin), donde existen menos de dos trabajadores activos por cada persona retirada.
El legislador señaló que los regímenes estatales de pensiones cubren principalmente a servidores públicos y trabajadores universitarios, quienes representan alrededor del 12 por ciento de la población económicamente activa del país.
Indicó que muchos de estos sistemas fueron diseñados bajo esquemas de beneficios definidos, con pensiones equivalentes hasta al 100 por ciento del salario, sin una edad mínima estricta para el retiro y con prestaciones vitalicias, características que hoy representan una fuerte carga financiera para los estados.
Además, afirmó que en diversos casos no existe una relación proporcional entre las aportaciones realizadas durante la vida laboral y los beneficios otorgados, mientras que las reservas financieras son insuficientes o prácticamente inexistentes.
Ramírez Cuéllar planteó la necesidad de impulsar una nueva legislación en materia pensionaria que permita garantizar la viabilidad financiera de los sistemas sin afectar los derechos de los trabajadores.
Gobierno reconoce contradicción en reforma sobre pensiones
En el mismo contexto, el Gobierno federal reconoció inconsistencias en la reciente reforma constitucional que buscaba limitar las denominadas «pensiones doradas».
De acuerdo con un oficio emitido por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, existen disposiciones contradictorias en la reforma al artículo 127 de la Constitución, ya que mientras establece como límite para los salarios de los servidores públicos la remuneración de la presidenta de la República, también fija un tope para las pensiones equivalente a la mitad de ese monto.
La funcionaria explicó que ambas reglas no pueden aplicarse de manera simultánea, debido a que las pensiones se calculan con base en el salario percibido durante la vida laboral.
En consecuencia, el Gobierno federal determinó privilegiar el criterio de continuidad entre el salario en activo y la pensión, por lo que actualmente las dependencias pueden otorgar jubilaciones con un límite equivalente a la remuneración de la presidenta, que asciende a 134 mil 290 pesos netos mensuales.
Con información de La Jornada y Reforma.
