Xalapa, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz, Esteban Hernández Bautista, aseguró que no existe una persecución política contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, cuyos procesos de desafuero fueron solicitados por la Fiscalía General del Estado.
El diputado afirmó que el Congreso únicamente cumple con el procedimiento establecido por la ley y que será la Comisión Instructora la encargada de revisar los expedientes antes de que el asunto llegue al Pleno.
«No hay persecución. Eso existe en el lenguaje de otras personas. ¿Cómo en estos tiempos vamos a hablar de persecución política?», declaró.
Sus declaraciones se producen después de que Movimiento Ciudadano acusara a las autoridades estatales de utilizar las instituciones para actuar contra adversarios políticos, postura que Hernández Bautista rechazó al señalar que las solicitudes provienen exclusivamente de la Fiscalía.
El legislador confirmó que Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, ya fueron notificados del procedimiento y deberán comparecer el próximo martes 28 de julio ante la Comisión Instructora.
Explicó que el Congreso no determina culpabilidades ni ordena detenciones, sino que únicamente analiza si existen elementos para retirar el fuero constitucional y permitir que los funcionarios enfrenten las investigaciones sin esa protección legal.
«Nosotros no libramos órdenes de aprehensión. Lo único que hace el Congreso es quitar el fuero para que puedan comparecer ante la Fiscalía», sostuvo.
Hernández Bautista añadió que el análisis podría prolongarse durante semanas o incluso un mes, dependiendo del trabajo que realice la Comisión Instructora antes de emitir el dictamen correspondiente.
El alcalde de Ixhuatlán del Sureste es investigado por su presunta participación en la desaparición y homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán, mientras que el presidente municipal de Úrsulo Galván es investigado por su presunta vinculación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta. Ambos conservan su derecho a la presunción de inocencia mientras las investigaciones continúan.
