Las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de Veracruz determinaron que existen elementos legales para dar continuidad a las solicitudes de Declaración de Procedencia promovidas en contra de los presidentes municipales de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, ambos emanados de Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con información consultada, la decisión fue tomada luego del análisis de la documentación remitida por la Fiscalía General del Estado (FGE), con lo que el procedimiento legislativo entra en una nueva etapa, sin que ello implique una resolución sobre la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados.
El dictamen ya fue turnado a la Comisión Permanente Instructora, órgano que tendrá la responsabilidad de conducir el procedimiento correspondiente. Entre sus atribuciones se encuentra citar a comparecer a los alcaldes señalados, garantizarles el derecho de audiencia, la posibilidad de presentar pruebas en su defensa y el respeto a la presunción de inocencia.
En el caso del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, la solicitud de desafuero deriva de una investigación iniciada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, en la que se le relaciona con presuntos delitos en materia de desaparición de personas.
Por su parte, el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, enfrenta una investigación por hechos recientes en los que presuntamente estaría vinculado con la privación ilegal de la libertad y la privación de la vida de una persona.
Con esta determinación, el Congreso únicamente autoriza que el procedimiento continúe conforme a lo establecido en la legislación vigente. Será la Comisión Permanente Instructora la encargada de integrar el expediente y emitir el dictamen que posteriormente deberá ser sometido a consideración del Pleno de la LXVII Legislatura, instancia que resolverá si procede o no retirar el fuero constitucional a los ediles.
Hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha emitido una resolución sobre la responsabilidad penal de los presidentes municipales, por lo que ambos conservan la presunción de inocencia mientras continúan los procedimientos legislativos y las investigaciones ministeriales.
