El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, permanecerá en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano mientras se define su situación jurídica, luego de que un juez federal le impusiera prisión preventiva justificada por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.
La medida fue dictada tras la audiencia inicial celebrada por videoconferencia desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde la defensa del exmandatario solicitó la duplicidad del término constitucional.
Con ello, el juez amplió de 72 a 144 horas el plazo para resolver si Ruffo Appel será vinculado a proceso.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el exgobernador es investigado por su presunta relación con la empresa Ingemar, señalada como parte de un esquema que habría introducido combustible desde Estados Unidos mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas mexicanas.
Las investigaciones apuntan a que el combustible era registrado con volúmenes menores o como mercancía distinta para evadir el pago de contribuciones fiscales, lo que presuntamente ocasionó un daño superior a los 4 mil millones de pesos al erario y habría generado recursos para organizaciones delictivas.
Junto con Ruffo Appel también fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez.
En un comunicado, la FGR informó que también obtuvo medidas cautelares contra otras personas investigadas dentro del mismo caso. Guillermo de la Peña Rosales permanecerá bajo prisión domiciliaria debido a su estado de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén fue internada en el Centro de Reinserción Social Femenil Nezahualcóyotl Sur.
Las autoridades federales sostienen que las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de los imputados, mientras el Poder Judicial resolverá en los próximos días si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.
Con información de Infobae y Político MX.
