Dos organizaciones defensoras de los derechos humanos demandaron al gobierno del presidente Donald Trump por las sanciones impuestas contra la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que las medidas frenan su labor y violan la libertad de expresión en Estados Unidos.
La demanda fue presentada por DAWN y Taxpayers Alliance Against Genocide ante un tribunal federal de Manhattan, donde buscan anular la orden ejecutiva que castiga a la CPI por investigar presuntos crímenes de guerra durante el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza.
Según las organizaciones, las restricciones las obligaron a modificar su trabajo para evitar posibles sanciones, dejando de elaborar informes para la Corte, compartir pruebas con organizaciones palestinas sancionadas y colaborar con la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese.
Uno de los impulsores de la demanda, Omar Shakir, acusó a la administración Trump de utilizar las sanciones económicas para limitar las expresiones políticas dentro de Estados Unidos y proteger a funcionarios israelíes de investigaciones internacionales.
El conflicto legal tiene como antecedente las órdenes de arresto emitidas por la CPI en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra durante la ofensiva en Gaza. Israel y Estados Unidos rechazan la jurisdicción del tribunal.
A ello se suman las recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien adelantó que Washington buscará ampliar las sanciones y aumentar la presión sobre los países que reconozcan la autoridad de la Corte Penal Internacional.
Las organizaciones aseguran que estas medidas provocan un ambiente de autocensura que dificulta documentar y denunciar posibles violaciones a los derechos humanos.
Con información de AP.
