Los encargados de procurar justicia del país acordaron fortalecer las fiscalías especializadas en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, mediante la asignación de recursos específicos en los presupuestos de 2027.
La fiscal de Nayarit, Ludimila Herrera Verdugo, informó que el objetivo es garantizar que las labores de búsqueda y la atención a las familias cuenten con instituciones con infraestructura, personal y capacidades suficientes para atender estos casos.
Al dar a conocer los acuerdos alcanzados durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada en Nayarit, Herrera Verdugo señaló que los fiscales, encabezados por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, acordaron actualizar el Protocolo Homologado de Investigación en materia de desaparición de personas.
También se estableció desarrollar acciones para mejorar la difusión de los casos, así como fortalecer la capacitación y certificación del personal ministerial, pericial y policial encargado de las investigaciones.
En materia forense, explicó que se dará seguimiento a la información que integra el Banco Nacional de Datos Forenses, con el propósito de fortalecer sus registros y mejorar el intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas.
Durante la reunión también fue presentado el manual de operación de las fiscalías y unidades especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión, considerado una herramienta para compartir experiencias y fortalecer las capacidades institucionales.
Respecto al feminicidio, los fiscales fueron informados sobre la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar este delito, a fin de que las fiscalías y procuradurías identifiquen las acciones necesarias para su eventual implementación y fortalezcan el intercambio de experiencias con la Federación.
Asimismo, en la mesa de propuestas legislativas se analizaron diversas iniciativas de reforma relacionadas con la procuración de justicia, entre ellas modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Los acuerdos buscan avanzar hacia una mayor coordinación entre las instituciones de procuración de justicia del país y fortalecer sus capacidades para atender delitos de alta incidencia y especial complejidad.
Con información de La Jornada.
