La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC) expresó este jueves su preocupación por lo que calificó como una actuación con «rapidez selectiva» por parte de las instituciones de procuración de justicia en Veracruz, al considerar que mientras los delitos de alto impacto permanecen en la impunidad, los procedimientos contra adversarios políticos avanzan con mayor celeridad.
El pronunciamiento se dio en medio del proceso legislativo que enfrentan los alcaldes de Movimiento Ciudadano de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, cuyos expedientes de declaración de procedencia avanzan en el Congreso del Estado tras las solicitudes presentadas por la Fiscalía General del Estado. Ambos son investigados por presuntos hechos delictivos distintos y, hasta el momento, no existe una resolución judicial sobre su responsabilidad, por lo que conservan la presunción de inocencia.
Sin hacer referencia directa a estos casos, la dirigencia estatal del partido difundió un posicionamiento firmado por su coordinador estatal, Luis Carbonell de la Hoz, así como por integrantes de la dirigencia nacional, legisladores y miembros de la Comisión Operativa Estatal, en el que cuestiona el desempeño de las instituciones de justicia en Veracruz.
A continuación, el comunicado íntegro:
A las y los ciudadanos libres y a la opinión pública:
En Movimiento Ciudadano expresamos nuestra profunda preocupación por la escalada de violencia en Veracruz y por la grave impunidad que la acompaña.
Nuestro estado vive una realidad dolorosa: miles de familias buscando a sus desaparecidos, miles de víctimas de homicidio y cientos de periodistas que han sido agredidos, amenazados o atacados.
En Movimiento Ciudadano estamos y estaremos siempre del lado de las víctimas, de sus familias y de la justicia.
Por eso resulta profundamente preocupante que, frente a los delitos que lastiman todos los días a Veracruz, la justicia avance con lentitud, silencio e impunidad; pero cuando se trata de adversarios políticos, las instituciones parezcan actuar con una rapidez selectiva.
Durante el gobierno de Cuitláhuac García y ahora con Rocío Nahle, no se combatió ni combate al crimen organizado, pero sí se persiguió y persiguen a opositores, periodistas, académicos y funcionarios. Encarcelar por motivos políticos a quien piensa diferente no debió ni debe permitirse nunca.
Demandamos categóricamente a la Fiscalía General del Estado que actúe con estricto apego a la ley, con autonomía y neutralidad, y que no sea utilizada como un brazo ejecutor ni como una herramienta de persecución en contra de adversarios del régimen.
Exigimos el cese inmediato de cualquier acto de persecución política contra integrantes de nuestro movimiento o contra cualquier ciudadano que sea presionado por pensar distinto, señalar abusos o defender una causa legítima.
Movimiento Ciudadano lo dice con absoluta claridad: estamos a favor de que cualquier conducta delictiva sea investigada y sancionada conforme a derecho. Nadie debe estar por encima de la ley. Y justo por eso las instituciones del Estado deben servir a la justicia, no a la presión política.
Movimiento Ciudadano seguirá del lado de las víctimas, caminando con la gente, defendiendo la voluntad ciudadana y construyendo la alternativa que Veracruz necesita.
Veracruz exige verdad, justicia y libertad.
Luis Carbonell de la Hoz
Coordinador Estatal Veracruz
Agustín Torres
Secretario General de Acuerdos Nacional
María Elena Córdova Molina
Diputada Local
Sergio Gil Rullan
Diputado Federal
Dante Alfonso Delgado Morales
Presidente del Consejo Estatal
Claudia Abril Escobar Velázquez
Integrante de la Comisión Operativa Estatal
Enrique Fadanelli Arellano
Integrante de la Comisión Operativa Estatal
Luis Donaldo Camacho Merino
Integrante de la Comisión Operativa Estatal
Olivia Carolina Carrión Melchor
Integrante de la Comisión Operativa Estatal
Luciano Antonio Folgueras Pioli
Secretario de Acuerdos Estatal
El posicionamiento fue difundido mientras continúan los procedimientos legislativos relacionados con los alcaldes de Movimiento Ciudadano y en un contexto de debate sobre la actuación de las instituciones de procuración de justicia en la entidad.
