Xalapa, Ver.- Integrantes de la Brigada Nacional Internacional de Derechos Humanos denunciaron públicamente un presunto caso de despojo de terreno, contaminación ambiental y omisiones por parte de autoridades en el municipio de Tehuipango.
Durante su manifestación en la capital veracruzana, los inconformes bloquearon momentáneamente la calle Enríquez, frente al Palacio de Gobierno, como medida de presión para visibilizar sus demandas.
Acompañados de asesores jurídicos, los denunciantes aseguraron que el ciudadano Rogelio Tecpile Calihua cuenta con documentos legales que acreditan la propiedad del predio “Zacatlaixco”, respaldados por una resolución judicial emitida en 2017 por un juzgado de Zongolica.
Sin embargo, señalaron que parte del terreno —alrededor de 1,800 metros cuadrados— ha sido ocupado de manera irregular para la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales que, afirman, lleva más de 18 años sin funcionar correctamente.
De acuerdo con la denuncia, las aguas negras son vertidas sin tratamiento, lo que ha generado contaminación constante, malos olores y afectaciones a la salud de los habitantes cercanos.
También acusaron al Ayuntamiento de Tehuipango de mantener esta infraestructura dentro de propiedad privada sin sustento legal, además de permitir su operación irregular pese a que, aseguran, se han destinado recursos para su mantenimiento.
El caso incluye testimonios de pobladores, así como denuncias previas ante instancias de derechos humanos, donde se documentan afectaciones y condiciones de vulnerabilidad del afectado, quien no sabe leer ni escribir y es hablante de náhuatl.
La situación ha comenzado a generar tensión en la comunidad, con acciones como el bloqueo de drenajes por parte de habitantes inconformes, además del riesgo de que el conflicto escale.
A esto se suma la preocupación por un nuevo proyecto de planta de tratamiento que podría atravesar terrenos particulares, lo que ha generado inconformidad entre los pobladores.
Por ello, los denunciantes exigieron a las autoridades intervenir de manera urgente, realizar inspecciones, frenar el vertido de aguas negras, sancionar a los responsables y reconocer plenamente la propiedad del terreno en disputa.
