La Cámara de Diputados recibió formalmente la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que ahora comenzará el procedimiento legislativo para designar a quien concluirá el periodo al frente del organismo, que se extiende hasta 2032.
El documento será turnado a la Mesa Directiva y posteriormente a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), instancia que deberá convocar a los coordinadores parlamentarios para definir la ruta de sustitución.
De acuerdo con el procedimiento previsto, la Jucopo elaborará un acuerdo que deberá someterse a la aprobación del pleno. Este incluirá la convocatoria pública, las etapas del proceso, los plazos correspondientes y la integración de un Comité Técnico de Evaluación.
Dicho comité estará conformado por cinco personas de reconocido prestigio: tres designadas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Entre sus funciones estarán revisar los expedientes de los aspirantes, verificar que cumplan los requisitos constitucionales y legales, evaluar su idoneidad y seleccionar a los perfiles mejor calificados. Al término de esa etapa, elaborará una lista de cinco candidatos que será enviada a la Jucopo para avanzar en la construcción de acuerdos.
La designación de la nueva presidencia del INE requiere mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Si no se alcanza el consenso necesario, la legislación contempla la insaculación como mecanismo para resolver el nombramiento, procedimiento mediante el cual Taddei fue elegida en 2023.
En caso de que la Cámara no concrete la designación, la Constitución establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá realizarla mediante insaculación, a partir de la lista conformada por el Comité de Evaluación.
La renuncia de Taddei se produce en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos del organismo electoral, relacionados con posibles operaciones de lavado de dinero, simulaciones y empresas factureras. Estas acusaciones deberán ser esclarecidas por las instancias competentes.
Con la recepción del oficio, el proceso de relevo queda ahora en manos de los órganos legislativos, que deberán conducir la selección de quien encabezará la autoridad electoral hasta el término del periodo correspondiente.
Con información de REFORMA
