Senadores de Morena y del PRI exigieron a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, responder a los señalamientos de presunta corrupción y posibles conflictos de interés relacionados con contratos millonarios otorgados a empresas vinculadas con personas de su entorno. Ante la controversia, la funcionaria anunció que solicitará una revisión de las contrataciones.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, calificó el caso como delicado y pidió investigar las denuncias, así como aplicar las sanciones que correspondan si se acreditan irregularidades.
“Que se investigue lo que se tenga que investigar, si hay que sancionar hay que sancionar, y que la titular del INE, por supuesto, debe responder de manera rápida, pronta a estos señalamientos”, declaró.
Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, cuestionó que Taddei no hubiera fijado una postura pública sobre las acusaciones, al considerar que los señalamientos contra ella y personas cercanas afectan la imagen del organismo electoral.
Las versiones periodísticas señalan vínculos de Jonathan Navarrete Torres, identificado como chofer de Taddei, y Jesús Octavio García, exencargado de despacho de la Dirección de Administración del INE, con las empresas Cajas Graf y Corporativo ZEG. Ambos habrían fungido como apoderados de Corporativo ZEG en 2023, mientras que las dos compañías se incorporaron al padrón de proveedores del instituto dos meses después de que Taddei asumiera la presidencia.
Uno de los contratos cuestionados corresponde a una adjudicación directa por 197 millones de pesos otorgada en 2024 a Cajas Graf para la elaboración de urnas y mamparas electorales. De acuerdo con la información difundida, las empresas también fueron objeto de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y de un expediente de la entonces Comisión Federal de Competencia Económica por posibles prácticas monopólicas.
Ante los cuestionamientos, Taddei anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación revisar los procedimientos de contratación de las empresas señaladas. También informó que el Órgano Interno de Control investigará posibles omisiones en las declaraciones de conflictos de interés de las personas involucradas.
La consejera presidenta negó que los señalados trabajen actualmente en el INE, aunque reconoció que estuvieron adscritos a su presidencia. Respecto al contrato de 197 millones de pesos, sostuvo que la adjudicación directa se realizó porque las propuestas presentadas durante la licitación no cumplieron los requisitos y el instituto debía garantizar la producción y entrega de los materiales en los plazos establecidos.
Taddei también rechazó que se busque desacreditar al organismo mediante estos señalamientos y llamó a los actores políticos a no intentar debilitar al instituto electoral.
La controversia se suma a cuestionamientos sobre la gestión de la actual presidencia del INE, incluidos reportes de empleados de la administración anterior que, desde mediados de 2023, denunciaron presiones para presentar sus renuncias. Las acusaciones y los posibles vínculos empresariales deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.
Con información de redes sociales
