La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma que contempla hasta cinco años de cárcel y multas de hasta un millón 173 mil pesos por utilizar indebidamente la identidad gráfica de instituciones públicas con fines ilícitos. Morena y sus aliados defendieron la medida como una herramienta contra los fraudes, mientras que la oposición alertó sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión.
La iniciativa fue aprobada con 312 votos a favor de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), frente a 119 votos en contra del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano.
El dictamen reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, a la que añade el artículo 403 Bis. La disposición busca sancionar el uso de logotipos, emblemas, documentos oficiales y dominios electrónicos de instituciones públicas cuando se utilicen para engañar o inducir al error con la intención de cometer un ilícito.
Las penas contempladas van de uno a cinco años de prisión, además de multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 117 mil 310 y un millón 173 mil pesos, conforme a los montos difundidos sobre la reforma.
La propuesta fue bautizada por sus críticos como “Ley Antimemes”, quienes consideran que la redacción podría dar lugar a interpretaciones que afecten caricaturas, publicaciones satíricas o contenidos dirigidos a cuestionar a funcionarios públicos.
Durante la discusión, el diputado panista Marcelo Torres calificó la iniciativa como una “Ley Bozal” y advirtió que podría representar un riesgo para quienes difunden documentos o imágenes para denunciar presuntos actos de corrupción. El priista Arturo Yáñez también defendió el derecho a la sátira política y cuestionó el uso de sanciones penales frente a las expresiones de inconformidad.
Desde Morena, Arturo Ávila sostuvo que el objetivo es combatir la piratería y proteger a los creadores, no impedir la elaboración de memes. La diputada petista Mary Carmen Bernal coincidió en que la medida está dirigida a quienes suplantan a la autoridad para cometer delitos, y no a quienes ejercen la crítica pública.
El punto central de la controversia es cómo se delimitará la aplicación de la reforma para distinguir entre una suplantación de identidad institucional con fines delictivos y una publicación que utiliza símbolos oficiales con intención satírica.
La aprobación en lo general no significa que hacer o compartir un meme sea, por sí mismo, un delito. La discusión se centra en las conductas específicas que la reforma busca sancionar y en las garantías para evitar que su aplicación restrinja la libertad de expresión.
