Autoridades financieras de México y Estados Unidos bloquearon cuentas bancarias y activos de cuatro personas y 11 empresas señaladas por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN), en una investigación que incluye actividades relacionadas con la construcción, el transporte, el sector energético y las carreras de caballos cuarto de milla, así como el presunto financiamiento de campañas electorales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, señaló entre las empresas involucradas a Construcciones y Edificaciones Garza Elías (Cegesa), propiedad de Gamaliel Garza García, a la que acusó de haber sido utilizada por el grupo criminal para canalizar recursos hacia campañas políticas.
De acuerdo con el organismo estadounidense, Cegesa habría obtenido contratos gubernamentales de manera corrupta y figura entre las beneficiarias de adjudicaciones en el norte del país, incluidos contratos con el municipio de Nuevo Laredo y el gobierno de Tamaulipas.
También fue sancionado Elías Gamaliel Garza, hijo de Garza García, a quien la OFAC relacionó con las operaciones cotidianas de la constructora y con la entrega de dinero en efectivo para financiar campañas de candidatos políticos en México.
Entre las personas incluidas en las medidas figura Pablo César Guajardo Álvarez, alias Takia, señalado por las autoridades estadounidenses como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de sus sicarios. El organismo recordó que fue detenido en 2020 por su presunta relación con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro funcionarios públicos, ocurrido el 4 de enero de 2017, aunque posteriormente fue liberado.
La lista también incluye a Francisco Javier Inzunza Partida, identificado por la OFAC como facilitador de envíos de drogas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Hacienda detecta operaciones financieras atípicas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, durante las investigaciones, se detectaron operaciones inusuales, movimientos de recursos que no correspondían con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o no identificable.
Según la dependencia, estos elementos podrían apuntar al uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de procedencia ilícita.
Hacienda aclaró que la incorporación de personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa preventiva y no representa, por sí misma, una determinación definitiva de responsabilidad. Asimismo, indicó que los señalados conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación aplicable.
Gobierno de Tamaulipas niega contratos desde 2022
Tras el anuncio de las sanciones, el gobierno de Tamaulipas aseguró que ninguna de las personas o empresas señaladas ha celebrado contratos con la administración encabezada por Américo Villarreal Anaya desde el inicio de su gestión, el 1 de octubre de 2022.
La administración estatal indicó que revisó los padrones de contratistas de obra pública y proveedores de bienes y servicios sin encontrar registros de contrataciones con los señalados durante ese periodo.
Como medida preventiva, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno instruyó a las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal a impedir nuevas inscripciones, adjudicaciones o contrataciones con las personas y empresas incluidas en las sanciones, así como con sociedades en las que participen.
Con información de David Castellanos Terán, corresponsal de La Jornada.
