En Veracruz, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la doble nacionalidad pueda convertirse en un impedimento para competir por cargos públicos. Algunos actores políticos —ya primeros actores, por aquello de la edad— sostuvieron incluso que una segunda nacionalidad puede ser una condición jurídica adquirida por nacimiento y no necesariamente una decisión que implique falta de lealtad al país.
Desde el PAN se argumentó que existen asuntos estatales considerados más urgentes, mientras que Movimiento Ciudadano cuestionó que exista evidencia de que las personas con doble nacionalidad representen, por ese solo hecho, una amenaza para México.
Así, la discusión terminó dividida entre dos conceptos: soberanía y derechos. Y, como ocurre con frecuencia en política, una cosa es el hecho legislativo y otra, muy distinta, la disputa por su significado.
El Gobierno federal ha planteado la reforma desde la premisa de que quienes aspiren a ocupar cargos ejecutivos deben mantener una relación jurídica exclusiva con México. De ahí la propuesta de exigir la renuncia a otra nacionalidad para quienes pretendan contender por la Presidencia de la República o por las gubernaturas.
Pero hay un punto que conviene dejar claro: la reforma no plantea eliminar la doble nacionalidad como condición jurídica de los mexicanos. El debate está en las reglas para acceder a determinados cargos públicos, no en la pérdida de derechos de quienes poseen más de una nacionalidad.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 22 de septiembre y lo turnó al Senado, donde posteriormente fue avalado con 86 votos a favor y 42 en contra. Ahora, Veracruz se suma a las entidades que han respaldado la modificación dentro del procedimiento constitucional.
El Congreso de Veracruz participa así en un proceso que puede modificar las reglas bajo las cuales, a partir de 2028, se elegirán quienes encabecen los gobiernos estatales y la Presidencia de la República.
Y eso coloca también a Veracruz dentro de una discusión que trasciende sus fronteras.
La operación política de Morena alrededor de esta reforma ha llevado la conversación hacia el terreno de la soberanía: definir los límites y condiciones de quienes aspiran a ejercer el Poder Ejecutivo y presentar la nacionalidad única como una garantía institucional.
No fue una posición unánime, como tampoco lo fue en San Lázaro ni en el Senado. La oposición encontró en el derecho a ser votado, en los mexicanos migrantes y en la doble nacionalidad los argumentos para cuestionar la reforma.
Pero el fondo de la discusión política está precisamente ahí: establecer qué condiciones deben cumplir quienes pretenden asumir la responsabilidad de conducir los destinos del país y de las entidades federativas.
Para Morena y los gobiernos que han acompañado esta transformación institucional, se trata de comenzar a cerrar frentes en torno a la soberanía nacional y fijar desde ahora reglas que, desde su perspectiva, permitan garantizar un vínculo jurídico exclusivo con México para quienes aspiren a ejercer el Poder Ejecutivo.
La oposición, en cambio, advierte sobre las implicaciones que estas restricciones pueden tener sobre los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad.
Entre ambas posiciones está el verdadero debate. No se trata solamente de una modificación legal, sino de definir hasta dónde llega la exigencia de soberanía cuando entra en tensión con los derechos políticos de quienes también son mexicanos.
Ese es el dato duro detrás del ruido político.
Y Veracruz ya tomó posición.
