La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso a la Cámara de Diputados que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implemente un programa de verificación y comprobación de los recursos que manejan los sindicatos, así como los gobiernos estatales y municipales.
La propuesta forma parte de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2027 y busca, de acuerdo con el planteamiento presidencial, reforzar las medidas contra la corrupción y la opacidad.
La iniciativa establece que el SAT deberá verificar que los ingresos de las organizaciones sindicales y de los gobiernos estatales y municipales sean acordes con su objeto, además de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales que les son aplicables.
En la exposición de motivos, Sheinbaum explicó que actualmente existen disposiciones particulares en materia fiscal para estos sectores. Por ejemplo, los sindicatos están exentos de llevar sistemas contables y de expedir y recabar comprobantes fiscales, mientras que los gobiernos locales tienen determinadas obligaciones relacionadas con la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como con la emisión de comprobantes fiscales.
La mandataria señaló que estas disposiciones han generado la percepción de que sindicatos, organizaciones gremiales, estados y municipios no tienen obligaciones tributarias y, por lo tanto, no están sujetos a la vigilancia de las autoridades fiscales.
Sin embargo, precisó que dichos entes sí mantienen obligaciones específicas en materia tributaria.
Por ello, la iniciativa plantea incorporar un programa de verificación y comprobación dirigido a estos sujetos.
El artículo 30 transitorio de la propuesta establece que el SAT implementará un programa de verificación y comprobación para los sujetos que tributen bajo el Título III de la Ley del ISR, para lo cual se emitirán reglas de carácter general en las que se establecerán los criterios del programa.
Sheinbaum sostuvo que la medida forma parte del paquete de reformas orientado al combate a la corrupción y la impunidad, al buscar fortalecer el principio de igualdad ante la ley tributaria y la autoridad fiscal.
La propuesta también plantea eliminar privilegios derivados de dispensas de obligaciones fiscales e incorporar a estos grupos al universo de sujetos susceptibles de verificación y comprobación por parte de la autoridad fiscal.
